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Todas las víctimas al XII Foro Nacional de Derechos Humanos

Por: Juan G. Salguero J. 

Pensionado de la Organización Colombiana de Pensionados OCP

 Aunque los acuerdos suscritos entre el estado y la insurgencia de las FARC, y los diálogos con el ELN abrieron esperanzas de paz y cayó el número de muertos y heridos, en contravía, continúa la guerra sucia contra líderes sociales.  

Lo anterior sumado al  ascenso a la Presidencia de la Republica de Iván Duque Márquez, catapultado por los sectores más retardatarios y guerreristas del país, encabezados por Álvaro Uribe, en una relación catalogada como entre titiritero y marioneta; rodeado de representantes de los gremios oligárquicos, señalados de corruptos y de poseer un historial de despojadores del patrimonio público, quienes de entrada han manifestado su intención de profundizar el salvaje, expropiador y violador de derechos humanos, modelo neoliberal, y la anunciada  visita del mandatario norteamericano Donald Trump, con las intenciones de consolidar su poderío y reclutar adeptos a sus intervencionistas proyectos en la región, particularmente contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, que no descartan la vía militar sin considerar la catástrofe humanitaria que ello implicaría; sumatoria de hechos que nos confirman la justeza del FORO.

Ahora bien, considerando que la violenta campaña de agresión contra líderes sociales, con asesinatos y amenazas, muchos de ellos defensores de derechos humanos viene en ascenso, es de esperarse, que con las denuncias de las víctimas, los aportes de las delegaciones de las comunidades afectadas y sus organizaciones, las intervenciones de los voceros de las organizaciones de derechos humanos y demás asistentes, en amplia discusión el XII FORO DE DERECHOS HUMANOS actualice el mapa en el nuevo contexto socio-político creado tanto con la violenta contra ofensiva de sectores de la ultraderecha tradicional tanto a nivel global como continental y local, y la dialéctica respuesta de la sociedad victimizada, que en nuestro país ha generado el surgimiento de fuerzas con propuestas alternativas y real vocación de poder. 

No obstante, si se tiene en cuenta que las consecuencias de la guerra tocaron a amplias capas de la sociedad, y que quienes mandan, a lo largo de su duración impusieron normas que formaron un “modelo económico inequitativo” que afectó la calidad de vida de la población  y con ello, el despojo de sus derechos y conquistas, aplicando en la última etapa de corte neoliberal, formulas impuestas por los organismos de poder global: el Banco Mundial, el FMI y la OCDE, imposición que continua con las intenciones de nuevas reformas, laboral, pensional y tributaria que dócilmente las camarillas locales preparan su ejecución.

Ante esta realidad, lo ideal, es que los sectores sociales victimizados con sus  organizaciones, entre otros: los movimientos pensional, sindical y popular,  participen activamente en el XII FORO DE DDHH, tanto en el nacional, como en los diversos foros regionales y locales que se están preparando. Elevando sus denuncias, para en conjunto, ser difundidas ante la comunidad internacional y sean la  base de futuras acciones.

Razón por la cual, la Organización Colombiana de Pensionados OCP, en representación de este conglomerado altamente victimizado, dice presente, a nivel nacional con su Junta Directiva Nacional y sus seccionales, denunciando la violación a los DDHH que constituye la conversión del derecho fundamental a  la salud, en negocio particular, controlado por un puñado de oligarcas, y unas pocas trasnacionales propietarias de las EPS privadas que la administran, en desmedro de la población; conversión que ha generado deficiencias en los servicios, y redundado en pérdidas de vidas, que en tratándose de los adultos mayores, adquiere dimensión de catástrofe humanitaria, al punto que analistas estiman, que es mayor el número de víctimas del actual modelo de salud, que de la misma guerra que se está tratando de detener.  ¡TODOS AL XII FORO DE DERECHOS HUMANOS!

Líderes sociales asesinados

Me produce honda pena y desconcierto el sistemático asesinato de líderes sociales que está ocurriendo a lo largo y ancho de la geografía nacional, cubriendo de dolor y llanto a humildes familias, quienes quedan derrumbadas psicológicamente y en medio de un mar de impunidades, sin que nadie les explique la razón de tanta tragedia y menos, los  nombres de los asesinos que, escudados en las sombras de la noche o en la claridad del día, en medio del bullicio de la gente, van segando, para siempre la vida generosa de los líderes asesinados.

Los líderes son mujeres y hombres trabajadores honestos, que han creído en la Constitución política de su país, que tiene múltiples formas de participación e inclusión social. Han entregado lo mejor de su quehacer diario y trabajo en la ardua tarea de explicarle a sus comunidades que, Colombia es un país democrático, guiado por sus leyes y donde todos los Derechos Humanos son reconocidos y que es deber sagrado de sus autoridades civiles y militares proteger; para este efecto, las autoridades han jurado solemnemente ante la Constitución, preservar y defender, aun a costa de su misma existencia.

Pero en el plano real, esto no es así. Bandas armadas  con dineros del narcotráfico y de la mafia, pagadas por quienes han robado la tierra a los campesinos y hoy no quieren entregarla, o financiados por  las empresas promotoras de la minería que van por el país envenenando ríos, ciénagas, nacederos de agua y paramos, quienes poco o nada creen en el discurso democrático y más bien,  se pavonean con sus armas mortíferas y su dinero mal habido por pueblos y veredas haciendo cumplir su ley arbitraria y mafiosa, frente a un Estado ausente y cómplice en muchos casos, que  se hace el de la vista gorda.

Las cifras estadísticas son escalofriantes. Veamos está clara reflexión que nos brinda la investigadora de la conflictividad social, Margarita Torres: “Desde 2016, firma del Acuerdo de Paz y febrero de 2018 han sido asesinados 282 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, y solo en los últimos 10 días ya van 19 asesinados, entre afros, indígenas y campesinos. Los activistas están siendo blanco de guerra por defender sus territorios étnicos, oponerse a la expansión de la minería y la agroindustria, denunciar el problema de la tierra o reclamar sobre esta y por liderar procesos de sustitución de cultivos ilícitos.  Ellos (los líderes) son las personas claves para construir la Paz y dar forma a la nueva Colombia. Que el defender la Paz no les cueste la vida”.

En este mismo sentido, preguntaron al presidente de la Comisión de la Verdad, Reverendo padre jesuita Francisco de Roux, acerca de los lideres asesinados y dijo: “En otros países y en otros lugares de la tierra, estas mujeres y estos hombres serian héroes nacionales. Aquí los matamos”. Esto enseña la profunda tragedia que está padeciendo nuestra nación. Asesinar a los líderes sociales y de Derechos Humanos es cavar la propia tumba de nuestra sociedad. Las jóvenes generaciones que ocuparan en el futuro estos espacios que hoy vivimos, miraran sorprendidos e indignados cómo fue posible que, por trabajar y luchar por una mejor sociedad, más justa y democrática, se terminara siendo víctima de las bandas que impusieron la ley del crimen, las injusticias, el terror y el miedo a sus anchas, doblegando a las instituciones legalmente constituidas.

Los amplios sectores de la opinión nacional seriamente preocupados por estos asesinatos sistemáticos esperan que la Fiscalía General de la nación y las autoridades encargadas aclaren y digan quienes son las personas y las fuerzas que están estimulando esta matanza y que más temprano que tarde, sean severamente juzgadas, como corresponde a quienes ejecutan tan execrables homicidios. 

De no ser así, todas las mujeres y los hombres de buena voluntad debemos ponernos de pie y exigir a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional su urgente presencia y declaren un “Estado de crisis humanitaria en el país”, antes que sea demasiado tarde.

Alonso Ojeda Awad

Ex. Embajador de Colombia en Europa.

Vice. Presidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos - CPDH.

La paz, entre la incertidumbre y la esperanza

La más reciente decisión de la Corte Constitucional que dio al traste con los elementos centrales del proceso especial legislativo, o ‘fast track’, parece ser el producto selectivo de un análisis no concluido sobre el proceso de implementación de los Acuerdos de La Habana.

Se trata de una escalada de naturaleza jurídico-política más que del desarrollo de una técnica constitucional, que ahora aduce una supuesta ruptura del estatuto de separación de poderes, mediante la cual la Corte le introdujo importantes grados de riesgo y mayores costos políticos al trámite congresional, al ralentizar sus procedimientos.

Lo que tumbó la Corte, lo ha dicho lúcidamente, con todas sus letras, el doctor Humberto de la Calle en declaraciones a este diario: “Es una implementación del acuerdo que ya existe y que fue refrendado por el Congreso siguiendo los propios dictados de la Corte. Estamos en una fase de desarrollo, no se está discutiendo un acuerdo nuevo”.

Y aunque la Corte Constitucional no derrumbó por completo los contenidos del Acuerdo final, sí dejó un cultivo de proposiciones contaminantes y revisionistas que pueden ser el acicate de la ultraderecha para deshistorizar y despolitizar el conflicto. 

En provecho de esta decisión buscarán frenar el proceso de paz y revivir la guerra para llevar a cabo la retoma violenta de la tierra, y establecer el autoritarismo y la intolerancia, doctrina dominante en las ideas de Álvaro Uribe y de los principales conmilitones de su hermandad fascista.

De manera que ha sido falseada la palabra dada, no solo ante la contraparte, sino ante la comunidad internacional que al comprometer su apoyo político, moral, financiero y logístico consideró que se estaba ante un proceso investido de la más alta ética y que su institucionalidad haría todo lo posible por rodearlo de legitimidad, sostenibilidad y durabilidad.

No se tuvo en cuenta que los distintos mecanismos de verificación hubiesen confirmado no solo el ‘silenció de los fusiles’ por las Farc ni su cumplimiento de los Acuerdos al entregar las armas; la mayoría de sus guerrilleros está concentrada en las zonas veredales acordadas, mientras que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas, donde debían concentrarse los miles de combatientes de esta organización política alzada en armas. 

De otro lado, la Misión de Naciones Unidas ha comprobado la presencia de una estructura paramilitar poblada por mercenarios jóvenes “dotados con armas nuevas”, en las zonas de verificación (que el Ministro de Defensa niega tozudamente). “Ya es normal verlos pasearse de civil muy cerca de los campamentos de las zonas al mando de ‘David’, ofreciendo pagar 10 millones de pesos a cada guerrillero que se pase a trabajar con ellos”. Desde luego, la incertidumbre de los habitantes de esas zonas es enorme.

Un mínimo estudio de los acontecimientos que han afectado el proceso nos permitirá encontrar un amplio cuadro de coincidencias y una familiaridad discursiva entre los resultados del innecesario plebiscito, por cierto, ´coordinado´ por el expresidente neoliberal César Gaviria; el esquive taurino de Vargas Lleras a esa política de Estado; la tesis del legista grecoquimbaya Fernando Londoño Hoyos, de “hacer trizas el maldito Acuerdo”; la demanda elaborada a diez manos siniestras por el senador uribista Iván Duque; la salida en falso del presidente del Senado, Mauricio Lizcano, para silenciar la voz de los jefes negociadores de la guerrilla Iván Márquez, de las Farc, y Pablo Beltrán, del Eln en el Congreso Nacional de Paz. 

La aparente ingenuidad política del presidente Santos en la conformación de la terna de magistrados, que amplió la tendencia oscurantista de la Corte y produjo la mayoritaria decisión final contra los acuerdos, sugiere la probable configuración de pactos implícitos entre sectores ideológicamente afines, rabiosa o sutilmente opuestos a la convivencia pacífica de los colombianos. 

El que los enemigos de la paz hubiesen alcanzado estos logros perturbadores visibiliza no solo la fragilidad estratégica del conjunto de actores, ministros y senadores en defensa de ese bien superior, sino su pobreza argumental e ideopolítica. Y, en últimas, “su falta de ganas”.

Solo queda abierta la esperanza en la gran convergencia por la paz que construyen Humberto de la Calle y Clara López Obregón, dos cualificados estadistas con suficiente legitimidad democrática y una ética pública a toda prueba, a quienes el país y la comunidad internacional les cree y respalda.

Tomado de: El Tiempo

Por Alpher Rojas C.